Impedimento de entrada al país.
Nuestra firma fue contratada en el año 2017 por los familiares de una persona que se le había negado la entrada al país, por tener antecedentes por un delito en Estados Unidos, hace ya más de 20 años, quienes ya habían agotado todos los recursos administrativos que cabían ante la Dirección de Migración.
Luego de analizar la situación legal de nuestro cliente y las pruebas, decidimos presentar un amparo de garantías constitucionales por violación al debido proceso, ya que si bien es cierto el Director de Migración tiene facultades para decidir si una persona entra o no al país, esto no puede ser en detrimento de los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución, ya que esta persona no representaba riesgo para nuestro país o la comunidad internacional.
La corte consideró válidos nuestros argumentos en cuanto a que nuestro representado no era una persona peligrosa que atentará contra la seguridad nacional, que los antecedentes penales eran de más de 20 años atrás, considerando que la actuación de negar la entrada al país de nuestro cliente era desproporcionado, concediendo la acción de amparo y revocando el impedimento.
