PROTECCION AL CONSUMIDOR
En el día a día, todas las personas llevan a cabo actividades de diversa índole que en interacción con otros generan un aporte a la sociedad.
Una de las áreas donde mejor se evidencia esto es la comercial, donde el interés de un individuo por un producto o servicio es la oportunidad de otro para ofrecer una alternativa a dicha necesidad. Es justo bajo este esquema que se hace necesaria una regulación, con el fin de que el intercambio lucrativo se haga bajo condiciones justas.
En Panamá, el 31 de octubre de 2007, fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley 45 de 2007 sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (derogando la legislación anterior sobre el tema), cuyos artículos describen los derechos de quien demanda el bien o servicio y las obligaciones correspondientes de quien lo oferta.
Sin embargo, aunque las disposiciones legales recopiladas en esta ley han sido plasmadas para minimizar el riesgo de los consumidores en una transacción económica, estas pueden ser transgredidas de distintas formas afectando a personas naturales y jurídicas (cuando es para el uso personal de alguno de sus ejecutivos), quizás, por un proveedor que no haya suministrado información transparente desde el inicio del acuerdo o en el peor de los casos, una vez concretado, cambia las condiciones del mismo desfavoreciéndolo.
Ante tales circunstancias, es importante tener en cuenta que existe una entidad pública en nuestro país denominada Autoridad del Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), a la cual se puede recurrir para solicitar la vigilancia y amparo de los derechos en la relación de consumo, ocupándose del cumplimiento de los parámetros dictados en la Ley 45 de 2007, en cuanto a causas cuya reclamación no supere los USD. 2,500.00, ya que de sobrepasar este monto será competencia de los Juzgados de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
En resumen, la legislación panameña a través de la protección al consumidor facilita un recurso indispensable para el desarrollo de una sana economía. Por consiguiente, utilizar los canales eficaces y representantes adecuados en las situaciones excepcionales donde se estén vulnerando los derechos, es también un aporte al progreso nacional.
